En el centro de las inundaciones que azotaron el país hay un agronegocio que produce enormes beneficios pero a un altísimo costo. Una movilidad de alcance continental por la globalización de las fuerzas productivas desvincula a los grandes productores de la tierra, y del interés por su protección: se arrienda donde los costos son bajos y se deja el lugar conforme suben. El país se “Pampeaniza”, se exportan técnicas concebidas para esta región a otros ecosistemas más frágiles de suelos menos resistentes. El resultado es una deforestación sin precedentes que sacrifica la biodiversidad del monte nativo por monocultivo y compromete su capacidad de regulación de agua, alterando drenajes.
Gobernadores e intendentes culpan por la falta de obras que hubieran amortiguado los efectos devastadores a un sistema nacional de disciplinamiento fiscal: la provincialización de recursos como el petróleo, la minería y la pesca que engrosan las cajas de Neuquén, Chubut o San Juan por ser propios, no alcanza a las provincias sojeras cuyos beneficios se coparticipan, Las lluvias no fueron la causa, sino un detonante que desnudó la vulnerabilidad de aquellos a los que el modelo les soltó la mano.
Lo que aparenta ser el emergente de un conflicto entre hombre y naturaleza, es primeramente un conflicto social: los responsables directos o indirectos del fuego o el agua no internalizan sus consecuencias. Hace años que se advierte sobre la disminución y sequías que el cambio climático genera en los bosques andino-patagónicos convirtiéndolos en un barril de pólvora; los hallazgos jamás se tradujeron en medidas, como lo evidencia la demora de días en el ataque a los focos principales de fuego. Peor que un Estado ausente es uno connivente que avala rezonificaciones para la puesta en valor de biomas intangibles. Dichos cambios de uso de suelo se llevan a cabo mediante la mecánica de incendio intencional, modo en el que la especulación inmobiliaria anula su valor ambiental originario. La población local de menores recursos bajo presión por la pérdida de animales e invernadas, vende sus tierras; las áreas destruidas se lotean para uso exclusivo. La Argentina pertenece al incómodo grupo de naciones carentes de una planificación territorial que permita manejar la brecha entre riesgo y desastre natural, indicador de desarrollo más poderoso que el PBI. Un discurso optimista sobre la superioridad de su geografía que “nos salva con dos o tres cosechas”, nos brinda los “cuatro climas”, y nos exime de terremotos y huracanes es una excusa perfecta para la parálisis, una complacencia irreal con una naturaleza compleja, sujeta a presión productiva y poblacional que ya no ofrece blindaje a prueba de catástrofes.
Aún hoy, la encrucijada histórica entre desarrollo o medioambiente legitima una mirada con desdén hacia el último, cordero del sacrificio, para atraer capital en procura de países con lábil legislación ambiental. Desde una columna reciente, Mempo Giardinelli se preguntaba, con cierta ingenuidad, por el veto del Ejecutivo a la ley de glaciares a tiempo que marcaba como “mera externalidad” o “aspecto a mejorar” la huella negativa de la minería y la sojización. En realidad el alto impacto es inescindible del modelo, y no hay nada intrínsecamente malo en ello: la inserción en el mundo como productores de alimentos obliga a renunciar al purismo conservacionista de una naturaleza impoluta, lujo de las naciones ricas. Pero con un Estado presente, que articule estrategias de gestión de riesgo con la comunidad científica, marcando límites y posibilidades así como modos de prever y amortiguar los efectos de una alteración ambiental con la que deberemos convivir, y que promueva la obra pública de rigor. La Ley de Bosques es valiosa pero insuficiente en manos de una clase política y empresarial experta en diseños para manipularla. Además de la obligada solidaridad con las provincias afectadas, hay que evitar recaer en un pensamiento mágico que por sensibilidad a la inmediatez de los eventos subordina el análisis de las debilidades expuestas al desenlace climático favorable. En un año electoral, los argentinos podemos identificar y sancionar con costo político a los que lucran con nuestro patrimonio ambiental.
Héctor Zajac es geógrafo (UBA-Universidad de Nueva York)
LINK AL ARTÍCULO DE HÉCTOR ZAJAC EN CLARÍN.
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